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Intendentes justicialistas en la mira de la Justicia por facturas truchas

La Justicia de La Pampa allanó y secuestró documentación administrativa y computadoras. Y toma declaraciones a los titulares de las facturas, que no las reconocen y niegan haber prestado servicios o vendido materiales a esas administraciones. Los denunció el Tribunal de Cuentas.
 
El Tribunal de Cuentas (TdeC) de La Pampa, presidido por Maria Alejandra Mac Allister, ordenó devolver al Estado la suma de $1.899.389 pesos correspondientes a siete comisiones de fomento.
 
La Reforma encabeza la lista: se le formularon cargos por 1.065.492,91 pesos (en siete sentencias). En segundo lugar Quetrequén con 369.946,07 pesos, Perú con 320.431 pesos, Loventuel con 94.770 pesos, Maisonnave con 13.640 pesos y Pichi Huinca con 5.200 pesos.
 
Además, a Hugo Colado, presidente de La Reforma, se le aplicaron 7 multas por un total de 42.192 pesos, y a Roberto Kroneberger de Perú una por 6.028 pesos.
 
La Justicia provincial allanó esta semana cuatro Comisiones de Fomento y secuestró documentación y computadoras, en el marco de una denuncia por el delito de malversación de fondos públicos que impulsó el Tribunal de Cuentas de la Provincia contra cuatro jefes comunales del Partido Justicialista. Los presidentes de las Comisiones de Fomento de Rucanelo, Pablo Emanuel Lázaro Muse; de La Reforma, Hugo Omar Colado; de Perú, Roberto Oscar Kronemberger; y de Loventuel, Oscar Hugo Martínez, están acusados de entregar facturas falsas para justificar supuestos gastos de la gestión.
 
La modalidad es la misma que utilizó el presidente de la Comisión de Fomento de Unanue, Manuel Costoya, que ya fue embargado y formalizado en la Justicia: en las facturas figuran los nombres de personas que niegan haberlas firmado y haber prestado servicios o vendido elementos a esas administraciones. En el caso de Costoya, el allanamiento se produjo en diciembre del año pasado.
 
Ahora hubo allanamientos, prácticamente en forma simultánea, durante los últimos días en Rucanelo, La Reforma, Perú y Loventuel. Las denuncias también fueron impulsadas por el Tribunal de Cuentas, a cargo de María Alejandra Mac Allister, ante el fiscal general de Santa Rosa, Guillermo Sancho.