Las disposiciones no tienen argumentación previa: sólo un objetivo. No importa de dónde se realiza el viaje ni los motivos. Se reducen la entrada de pasajeros a 600 por día. No se explica de dónde sale esa cifra, por qué no son 1500, o 200 o cero. No se dan datos sobre la variante Delta, en qué países está y qué estragos ha causado en el resto del mundo. Además, los costos económicos del aislamiento y los tests quedan a cargo del viajante. Es una medida de una brutalidad impresionante en un estado de derecho y una aplicación de reglas retroactivas sin demasiados antecedentes.