Marcos Peña aclaró que no se trataba de un hecho "de corrupción" con fondos públicos, y trazó una línea con lo que ocurría "en los gobiernos anteriores".

 

"Nos parece que Díaz Gilligan es una muy buena persona, muy buen funcionario, y, como dijo el Presidente, a priori confiamos en nuestra gente. Que presente todos los papeles y después se verá. No habrá protección para nadie, si alguien hizo algo mal, deberá responder a la Justicia, no vamos a apañar a nadie", aclaró el jefe de Gabinete, en declaraciones a Radio Mitre.

 

En ese diálogo radial, Peña reiteró que no se está pensando en separar del cargo a Díaz Gilligan, quien el viernes recibió una citación vía mail de la titular de la OA, Laura Alonso, para que "en un plazo de diez días" dé explicaciones sobre su participación accionaria en la sociedad Line Action Ltd., junto al empresario uruguayo Francisco "Paco" Casal, de la que se desvinculó de manera definitiva en noviembre de 2014, casi un año después de ingresar como funcionario porteño en la gestión de Mauricio Macri en la ciudad.

 

"Estamos hablando de un patrimonio de los funcionarios antes de ingresar a la función pública, y si hay una omisión o no en una declaración jurada ... no estamos hablando de fondos públicos, de corrupción, como antes, cuando lo que se discutía era qué habían hecho los funcionarios mientras estaban en el poder", afirmó Peña, en una virtual defensa de Díaz Gilligan, pero también de los ministros Jorge Triaca (con una empleada en negro) y Luis Caputo (una cuenta offshore en islas Caimán), otros dos funcionarios cuestionados.

 

"Estamos hablando de dos o tres casos sobre miles de funcionarios, se están presentando declaraciones juradas, y estamos hablando de reducir sueldos de funcionarios por demoras en presentar las declaraciones juradas. Esto va en serio", reiteró Peña, uno de los ministros que durante el fin de semana hablaron con Díaz Gilligan, y le transmitió su apoyo. De todos modos, no se trata de un apoyo sin condicionamientos, aseguraron fuentes oficiales.

 

 

"Si Alonso decide que no alcanzan los papeles que va a traer, se va a tener que ir", afirmaron, sin efusividad, cerca del jefe de Gabinete.

 

Para colmo, ayer se sumó un dirigente radical de peso, como Mario Negri, para pedirle al funcionario que diera un paso al costado. "Díaz Gilligan, funcionario, debería pedir su separación del cargo, ir a la Justicia y aclarar su proceder. No es condena, la vara sobre la transparencia está puesta muy alta por parte de Cambiemos. No hay que incomodar al Gobierno, sino ayudarlo", dijo el diputado cordobés, presidente del interbloque en la Cámara baja.

 

Anteayer, la diputada de la CC-ARI Paula Oliveto (cercana a Elisa Carrió) aclaró que Díaz Gilligan no debería declarar ante la OA, sino ante la Justicia.

 

"No creemos que en estos casos haya relación con la función actual, pero si hubiera una relación con la función actual podríamos hacer un apartamiento temporal", dijo el jefe de Gabinete, al hablar, en general, de eventuales casos de corrupción.

 

Más allá de su intención de quitarle relevancia al asunto y circunscribirlo a la esfera de competencia de la OA, el Gobierno decidió bajar el perfil de Díaz Gilligan. De hecho, el funcionario no acompañará hoy a Montevideo, como estaba previsto, para reunirse con el presidente de Uruguay Tabaré Vázquez para avanzar en la presentación de la candidatura común para organizar el Mundial de fútbol de 2030.

 

"Macri casi no lo conoce, y la discusión es si omitió o no declarar una sociedad", se quejaba anoche un alto funcionario, ante el hallazgo de la cuenta sin declarar.