La reciente decisión del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa no deja margen para interpretaciones caprichosas: el desalojo está confirmado. No es una opinión, es un fallo. Y en un Estado de Derecho, los fallos se cumplen. Lo contrario sería abrir la puerta a la anarquía jurídica, donde cada grupo decide qué norma acata y cuál no.

Ahora bien, sería intelectualmente deshonesto ignorar el costado humano. Hay familias, hay chicos, hay una década de arraigo en ese lugar. Pero justamente ahí es donde aparece la pregunta incómoda que durante años nadie quiso responder: ¿cómo se llegó a esta situación?

Durante las gestiones anteriores —especialmente bajo los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner— se consolidó una peligrosa lógica: la ocupación de tierras como hecho consumado. Se toleró, se relativizó y, en muchos casos, se incentivó indirectamente. El resultado está a la vista: conflictos sociales que explotan años después, cuando la Justicia finalmente interviene.

El argumento de la comunidad sobre una supuesta normativa nacional que protegería estos asentamientos deberá ser resuelto, si corresponde, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Pero hay un dato clave que no se puede soslayar: el propio tribunal pampeano no admitió el recurso extraordinario. Es decir, no encontró elementos suficientes para considerar que haya una cuestión federal clara que amerite revisión automática.

Mientras tanto, el reloj corre. Noventa días. Ese es el plazo que tienen las familias para abandonar el predio. Y acá es donde la política —esa misma que hoy es señalada por la comunidad— no puede seguir jugando a la distracción.

Porque si algo dejó en evidencia este caso, es la ausencia total del Estado en su función más básica: prevenir conflictos, ordenar el acceso a la tierra y ofrecer soluciones antes de que el problema escale a un desalojo.

Pero atención: prevenir no es convalidar la ilegalidad. Ese fue el error histórico. El desafío ahora es otro: construir alternativas habitacionales reales sin premiar la ocupación irregular. Un equilibrio difícil, sí, pero imprescindible.

El gobierno nacional de Javier Milei ha sido claro en su postura: la ley se cumple. Y en un país donde durante años la norma fue negociable, esa definición marca un quiebre. Podrá resultar incómoda, incluso dura, pero es la única base posible para reconstruir reglas claras.

La incógnita, en este caso, pasa por la reacción de la provincia. ¿Acompañará con soluciones concretas o seguirá refugiándose en el silencio administrativo?

Porque una cosa es indiscutible: cuando la política se ausenta durante años, la Justicia termina tomando decisiones que nadie quiere asumir. Y después llegan los discursos, las marchas y las denuncias. Pero ya es tarde.

El conflicto de Toay no es un hecho aislado. Es el síntoma de un problema estructural que la Argentina arrastra hace décadas. Y que, esta vez, parece haber llegado a un punto donde ya no alcanza con patearlo para adelante.