El ex ministro de Salud, Ginés González García, finalmente será indagado por la causa por el Vacunatorio Vip, un escándalo que selló su salida del gobierno de Alberto Fernández a inicios del 2021 y en medio de la pandemia por el Covid-19. La jueza María Eugenia Capuchetti y los fiscales Eduardo Taiano y Sergio Rodríguez se preparan para escucharlo como acusado el próximo 16 de abril, tras una ronda de declaraciones de indagatorias sobre ex funcionarios de menor rango que también quedaron bajo sospecha.

 

“Por ahora, va a ser el 16″, dijo una fuente de la causa a Infobae. “Será ese día, si no surge ningún inconveniente”, aclaró otro de los consultados. Es que la puerta queda abierta porque la indagatoria ya se había postergado anteriormente a pedido de la defensa porque el ex funcionario se encontraba bajo tratamiento médico. La jueza ordenó al Cuerpo Médico Forense que convalide si se encontraba en condiciones de declarar, algo que fue convalidado por los profesionales. Nadie descarta que se pueda solicitar una nueva demora. Como ese escenario aún no ocurrió, la declaración se espera para mitad de abril. La indagatoria está fijada por zoom a pedido de la defensa.

 

Desde febrero, vienen declarando una serie de ex funcionarios del Ministerio de Salud, entre ellos Alejandro Salvador Costa, entonces subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud; María Elena Borda, ex jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Posadas; y Graciela Torales, ex jefa de Coordinación de atención a Pacientes de ese hospital, como adelantó Infobae a inicios de año. También declararon Alberto Maceira, ex director del Hospital Posadas, y Marcelo Ariel Guille, secretario privado de González García.

 

 

Una vez que finalicen las indagatorias, la jueza deberá evaluar si corresponden o no procesamientos. Y allí habrá que prestar atención a qué delito se aplica. En sus indagatorias, algunos de los imputados insistieron en que no había existido delito, como había entendido la jueza en un primer momento, algo que quedó descartado cuando la Cámara Federal ordenó reabrir el caso y profundizar la investigación, indicaron fuentes judiciales.

 

La causa se inició cuando el periodista Horacio Verbitsky contó en un programa de radio cómo había ido a vacunarse el 18 de febrero de 2021 al ministerio de Salud después de un llamado de González García. Quería adelantarse a una publicación del diario Clarín que ya tenía el dato. Para ese momento, la vacuna no estaba destinada a la población común. El Ministerio había armado un cronograma de personas con “prioridad epidemiológica” para recibir su dosis: el personal médico, los mayores y el “personal estratégico”, una terminología gris en la que se encuadró a varios funcionarios.

 

En el listado de vacunados VIP aparecieron además de Vebitsky, el presidente Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos hasta el Procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” González y las hijas de ambos, el ministro de Economía Martín Guzmán, el entonces canciller Felipe Solá, el ex embajador en Brasil, Daniel Scioli , el ministro de Defensa Jorge Taiana (cuando era senador) y el diputado Eduardo Valdés. También el ex ministro de Salud Ginés González García y varios empresarios amigos suyos. Buena parte de los vacunados Vip -el presidente incluido- fueron registrados como personal de salud, en los listados del Posadas.

 

En marzo de 2021, Taiano implicó al ex ministro y su sobrino y ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Lisandro Bonelli. También se imputó a Alejandro Collia y Marcelo Guillé. En la causa declaró el director del Hospital Posadas como testigo (ahora está imputado) señaló que recibió instrucciones de los funcionarios de Salud para atender a algunos recomendados en el vacunatorio del Hospital Posadas, que esos privilegiados llegaron “sin respetar la fila de los que estaban aguardando” y que eso generó malestar entre los empleados. Por eso surgió la idea de que los siguientes vacunados fueran directamente al Ministerio de Salud.

 

El 8 de julio de 2021, la jueza Capuchetti decidió archivar parcialmente el caso: afirmó que en el Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”. Y entendió que las autoridades sanitarias establecieron un plan para vacunar contra el coronavirus que permitía una simultaneidad en la inoculación para los grupos prioritarios. “La indignación sobre la manera en que se desarrollan ciertos acontecimientos no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal”, escribió la magistrada en julio pasado. Sobre esos párrafos de su resolución, el presidente Alberto Fernández estructuró parte de su defensa en la causa del Olivos-gate.

 

 

La jueza afirmó que había que cerrar la acusación contra 65 de las 70 personas que integraban la lista hecha por el Gobierno de los que recibieron dosis de la Sputnik V cuando no había una convocatoria abierta. Para la jueza, muchos de los vacunados quedaron amparados en la definición de personal estratégico. Y por eso el fallo hizo alusión al “margen de discrecionalidad” que implicó esa figura. Precisamente, después del escándalo del “vacunatorio vip”, el propio Ministerio de Salud sacó una resolución para acotar ese universo.

 

La decisión de Capuchetti no fue apelada por el fiscal Taiano. En cambio, sí la apeló el fiscal de la Procuración Administrativa (PIA) Sergio Rodríguez, que advirtió que con esa discrecionalidad se habrían vulnerado varios derechos humanos, como el derecho a la igualdad y a la no discriminación y el derecho a la salud. Hubo una “vulneración al generar una desproporción en el acceso a un bien escaso y valioso que da como resultado un privilegio ilegítimo, y el consecuente trato discriminatorio respecto a todos aquellos que se ven excluidos por la conducta, directa o indirectamente”, dijo. Para el momento de esa vacunación vip, aún existía parte del personal de salud a la espera de su turno para vacunarse. José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal, respaldó el pedido para que se profundice la investigación.

 

El 30 de agosto de 2021, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, la Cámara Federal ordenó reabrir la investigación. Subrayó que, en ese momento, las vacunas eran “un bien escaso” que el Estado debía administrar. “¿Por qué ellos, y no otros de entre los millones de ciudadanos del país en igual condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea?- advirtieron-. Seguramente todos tendremos en mente a alguien que por edad o por alguna otra condición pudo haber sido favorecido en esa simultaneidad. Más, a ninguno de ellos les llegó la invitación”.

 

La Cámara ordenó profundizar la responsabilidad de los funcionarios que habilitaron la posibilidad de vacunar y a todos los que recibieron esas vacunas dentro del Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas para esclarecer cómo y por qué llegaron a acceder a la aplicación anticipada de la vacuna contra el coronavirus y ordenaron saber qué pasó con las dosis que fueron destinadas a la ciudad santacruceña de El Calafate donde también hubo vacunados que no pertenecían a los grupos prioritarios.

 

Conocida la decisión de la Cámara, la jueza delegó la investigación en el fiscal Taiano y se ordenaron entrecruzamiento de llamados, en donde se amplió la sospecha hacia la entonces viceministra de Salud y sucesora de Ginés, Carla Vizzotti, Mauricio Monsalvo (subsecretario de Gestión Administrativa), Martín Horacio Sabignoso (secretario de Equidad en Salud) y Arnaldo Darío Medina (secretario de Calidad en Salud).

 

En mayo del 2023, los fiscales Taiano y Rodríguez pidieron la indagatoria de González García, Maceira, María Elena Borda (ex Jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Posadas), Marcelo Guille (fue secretario privado de González García y realizó llamados para convocar a los vacunados VIP al Ministerio de Salud) y Alejandro Salvador Costa (en ese momento era Subsecretario de Estrategias Sanitarias).

 

A todos les imputa los delitos de abuso de autoridad y peculado de bienes. “La sustracción se produjo cuando las vacunas dejaron de estar disponibles en el Hospital Posadas para cumplir con el objetivo estatal dispuesto para esas dosis, que comprendía únicamente la inoculación del “Personal de Salud” y eventualmente del Personal estratégico”, se sostuvo. El dictamen añadió: “más allá de que la cantidad de dosis sustraídas que aquí se imputan pueda parecer insignificante, no hay que dejar de tener en cuenta la situación de angustia, temor, impotencia, tristeza y dolor por la que la sociedad atravesaba entonces”.