La investigación se originó a partir de una denuncia anónima recibida en marzo de 2018 en la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de La Pampa. El matrimonio está acusado de trata de personas agravada. Se les imputa haber consumado la explotación de la víctima en un horno ladrillero entre 2007 y 2018, aprovechando su situación de vulnerabilidad.