Hubo presencia de organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos en las afueras de la sede, donde se dio inicio al juicio que juzgará a 18 represores pampeanos por delitos de lesa humanidad, contra 240 víctimas durante la última dictadura militar en nuestra provincia.

 

Se espera la declaración de más de 300 testigos y el objetivo del Tribunal es llegar al juicio oral y público este año. El Tribunal estará integrado por los jueces Mario Triputti, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava. La Fiscalía será representada por los fiscales generales, Alejandro Cantaro, Miguel Palazzani y por el fiscal José Nebbia.

 

El ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia, Daniel Pablo Bensusán, y el secretario de Derechos Humanos, Antonio Curciarello, dialogaron con la prensa minutos antes del inicio de la audiencia.

Bensusán explicó que se trata de la segunda etapa del juicio que se desarrolló en el año 2010, surgiendo de testimonios recogidos en el mismo, “la particularidad que tiene esta etapa es el juzgamiento a Baraldini, que en el juicio anterior estaba prófugo. Creo que este juicio va a llevar mucho tiempo, por la cantidad de testigos y víctimas. Desde el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, estamos dando la asistencia de los equipos técnicos para aquellas víctimas o testigos que lo requieren. También estamos atentos a cualquier requerimiento que pueda tener el Tribunal Oral Federal respecto de la logística para que se pueda llevar adelante el juicio, el Gobierno provincial estará presente”, manifestó. 

 

Consultado sobre la demora de la destitución de 2 policías señaló, “era un trámite administrativo que se inició a través de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y como todo trámite lleva su tiempo. El lunes el gobernador firmó la baja de estos ex policías. El trámite venía tramitándose”, precisó. 

 

En tanto, el secretario de Derechos Humanos realizó una mirada política e histórica del juicio, “es un hecho histórico, todo estos vaivenes que han tenido estos juicios en Argentina, el juicio a las Juntas, luego un período de entre 25 y 30 años donde no se realizaron juicios. A partir del 2003 retornaron los juicios, y ahora este juicio que se venía demorando. Ahora tenemos la etapa de debate oral. Es un juicio donde su instrucción es complicada por la cantidad de víctimas, la cantidad de hechos. Más de 300 testimonios, todas las excarcelaciones que se pidieron. A mi modo de ver es un hecho histórico. Un juicio emblemático”, consideró. 

 

Asimismo, Curciarello consideró que este juicio forma identidad a La Pampa, ”porque durante mucho tiempo se trató de instalar la idea que acá no pasaba nada. Que el terrorismo de Estado acá no había actuado, que nuestra provincia era una isla. El juicio anterior y éste demuestran lo contrario. Esperamos condenas ejemplares en un juicio ajustado a derecho, que es lo que precisamente estos genocidas no hicieron mientras actuaron en nombre del Estado”, enfatizó Curciarello. 

 

Para finalizar, el titular de Derechos Humanos expresó “creo que hay una sociedad con una conciencia democrática, una firme convicción que indica que no podemos volver a los años que se vivieron. En algunos casos se demuestra masivamente y en otros no. Cuando fue la marcha de repudio al fallo del 2x1 de la Corte Suprema, la movilización en Santa Rosa fue masiva, al igual que en todo el país. Lo importante es que haya en toda la sociedad -o en gran parte de ella- la idea del compromiso democrático”, sintetizó.

 

Santiago Maldonado: “el juez ordenó un desalojo, no que desaparezcan una persona”

 

El secretario de Derechos Humanos, Antonio Curciarello, realizó declaraciones sobre la desaparición de Santiago Maldonado en un marco democrático, “estas son las deudas de la democracia, como otras. Pero en este caso estamos hablando de “Desaparición Forzada” donde la mayoría de los testigos y las pruebas más contundentes hablan de que había sido detenido por una fuerza del Estado, Gendarmería, que es una de las fuerzas del Estado, y por lo tanto la potestad del uso de las fuerzas es para garantizar el ejercicio de los derechos. Que hoy sea Gendarmería la principal sospechosa de que Santiago esté desaparecido es realmente lamentable y repudiable”, consideró.

 

Consultado por la responsabilidad política del Gobierno nacional en éste hecho, el secretario respondió, “hay que ser muy cauteloso, pero si esto se comprueba que es así... La Justicia hizo un cambio de caratula a Desaparición Forzada, además el procedimiento de desalojo lo ordenó un juez, el juez ordenó un desalojo, no que desparezcan una persona. Creo que la sociedad ha tomado conciencia de la gravedad del tema y creo que claramente tendrá connotaciones políticas”, expresó.