El gobierno nacional decidió poner en revisión todos los contratos, acuerdos y documentos públicos y secretos relacionados con la estación de observación espacial que China instaló en Neuquén en el año 2012. Al mismo tiempo, resolvió no realizar por ahora una visita ni una inspección técnica a la misteriosa base que depende de las Fuerzas Armadas del gigante asiático.

 

La supervisión de las actividades que se desarrollan dentro de la Estación de Espacio Profundo de la CLTC-CONAE-Neuquén había sido anticipada al medio Infobae por calificadas fuentes oficiales, momentos antes de la llegada de la jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, general Laura Richardson, a Buenos Aires. Los trascendidos tuvieron una confirmación pública poco después que el propio embajador de EEUU en Argentina, Marc Stanley, mencionara el tema de la base china como uno de los tópicos en la agenda bilateral.

 

 

“Me sorprende que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué”, había manifestado el diplomático norteamericano. “Tengo entendido que se trata de soldados del ejército chino que operan este telescopio espacial, no sé lo que hacen, creo que los argentinos tampoco lo saben, y deberían entender por qué los chinos están desplegados allí”, agregó.

 

El tema fue mencionado en las diversas conversaciones que tuvo la jefa del Comando Sur con funcionarios y militares argentinos en la intensa actividad que desarrolló en sus tres días en Buenos Aires. La general estuvo en la Capital Federal y en Ushuaia, desde donde Javier Milei anunció que Argentina construirá con aval de Estados Unidos un puerto multipropósito, con capacidad para operaciones comerciales, científicas y, eventualmente, de defensa.

 

El anuncio que hicieron funcionarios nacionales de una inminente inspección científica a la estación espacial moderó las exigencias públicas de Washington y permitió que la visita de la Jefa del Comando Sur se realizara sin contratiempos y acorde a la inmejorable sintonía que tienen la administración Biden con el gobierno de Javier Milei. La preocupación principal de Estados Unidos es clara y no admite matices: teme que esa estación, que está conectada con China continental y el Ejército del régimen, realice tareas de espionaje o de seguimientos vinculados a la defensa, pese a que en lo que se conoce de la letra de los compromisos bilaterales se resalta que está prohibida cualquier actividad militar.

 

Uno de los interlocutores principales de la Casa Rosada con la general Richardson fue el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien quedó a cargo del tema de la estación espacial. Por orden de Milei, el equipo del ministro coordinador tendrá a su cargo el análisis de toda la documentación -tanto la pública como la reservada y también la secreta- que se remonta a los años 2010. En ese arqueo, se buscará si hay algunas condicionalidades u obligaciones que debía cumplirse y que no se esté cumpliendo.

 

 

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) quedó bajo el paraguas de las múltiples funciones y responsabilidades que tiene Posse, quien será el que determine con su equipo de confianza si hay algunas irregularidades o incumplimiento. Hasta que eso no ocurra, el funcionario no solicitará ni una visita ni una “inspección técnica”.

 

Javier Milei anoche, en la extensa entrevista con el periodista Alejandro Fantino, habló sobre el tema de la base: “Se va a auditar como corresponde. Los chinos dicen que no hay nada ¿cuál es el problema entonces?”, manifestó el presidente.

 

 

La estación espacial china está ubicada en Bajada del Agrio, sobre la ruta provincial 33, en Neuquén. Se empezó a construir en 2014 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y la gobernación de Jorge Sapag, el último caudillo del clan Sapag, que manejó con un estilo feudal durante más de 50 años los destinos de la provincia, y que fue un fervoroso defensor de la base. Se terminó en 2017. Es un predio de unas 200 hectáreas que le cedieron a China por un lapso de 50 años, sin pago de impuestos.

 

Según un informe técnico que prepararon en Neuquén a instancias del ex gobernador Omar Gutiérrez, un alfil de Sapag, CLTC destinó más de 50 millones de dólares en la construcción de la estación, que estuvo a cargo de la empresa constructora ESUCO. CONAE y la provincia del Neuquén, según el contrato vigente, quedaron habilitadas para tener un uso garantizado de 10% del tiempo diario de la Estación, como así también el funcionamiento permanente de una dependencia de la Provincia. El equipo de Posse deberá, entre otras cosas, revisar si efectivamente, esas condiciones se cumplieron.

 

Apenas se desató la polémica en torno de los secretos que podría estar ocultando la base, ex funcionarios kirchneristas salieron a decir que el año pasado ocurrieron dos visitas, mientras que años previos también hubo otras supervisiones. Más allá de eso, la antena genera un manto de sospechas y la incerteza de estar ayudando a China en fines no pacíficos se mantiene por ahora intacta.