En el juzgado de Sebastián Casanello avanza la causa en la que se investiga a tres grupos de personas, pertenecientes a organizaciones de la izquierda (Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha), por presuntas extorsiones a los beneficiarios de planes sociales a cambio de dinero o asistencia a las marchas. En tanto que en otro despacho de Comodoro Py comenzó a correr una denuncia de características similares, también hecha por el Gobierno, pero en la que los implicados son miembros de sindicatos.
Las denuncias contra los gremios también fueron recopiladas a través de la línea 134, especialmente en las jornadas previas y durante el último paro general del 9 de mayo. Según el Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, solamente ese día ingresaron 3865 reclamos vinculados a presiones para parar o amenazas recibidas por trabajadores y empresas, por parte de los sindicatos. De acuerdo a información a la que accedió el diario LA NACION, son cerca de 6500 llamados procesados los que luego se remitieron a Comodoro Py para su análisis e investigación, que recayeron en el juzgado de Ariel Lijo (donde tramita otra parecida contra piqueteros). Todavía no fue delegada a la fiscalía, que será la de Ramiro González.
A diferencia de los llamados relativos a los movimientos sociales, que operaban como “unidades de gestión” o intermediarios del Potenciar Trabajo, y tenían el poder de quitárselos a los recipientes del plan (por lo que se investigan extorsiones), en los casos relativos a los sindicatos los denunciantes aducen, en general, amenazas físicas, amedrentamientos o bloqueos para no trabajar en los días del paro. En la Justicia deberán identificar cuáles de estos reclamos tienen verosimilitud o suficientes datos como para avanzar en la investigación.
Una de las denuncias, recibida a las 08:58 de la mañana del paro, informó que el sindicato de Camioneros habría amedrentado a la persona en cuestión para que no maneje la combi escolar que conduce en una localidad de Chubut. Manifestó que le indicaron “no vayas a trabajar por que te vamos a reventar”. Otra sobre el mismo gremio dio aviso de que en la empresa Rodríguez Hermanos Transportes, en Mar del Plata, se presentaron personas del sindicato y les dijeron que “no iban a salir repartos de la empresa”. Aportó que “los representantes del gremio le dijeron a los empleados que se debían retirar. Expresa que él y sus compañeros se tuvieron que ir porque la situación era amenazante”.
Otro denunciante informó que en el Parque Industrial NORLOG, ubicado en calle Bulevar Presidente Perón 4749, en Benavídez, había sindicalistas de la CGT “con camperas y banderas” bloqueando el ingreso al lugar. “La denunciante afirma que no permiten la salida de camiones del establecimiento y pudo visualizar carpas en la puerta de ingreso, por lo tanto sospecha que se quedarán en resto del día”, dice la recopilación del llamado que hizo el personal del 134. A diferencia de otros aportes, en este caso la denunciante hizo una ampliación por mail y envió cuatro imágenes para dar cuenta de los hechos.
En cuanto al transporte, hubo decenas de denuncias (incluso hechas por la empresa Dota) respecto a daños materiales sufridos en colectivos que no adhirieron al paro ese día. Una de las que fue remitida por el Ministerio de Seguridad a la Justicia indicó que personas identificadas como parte de la Unión de Transporte Automotor bloquearon las puertas de Transporte Amancay SRL e indicaron que “los colectivos no se tocaban”. Hubo un llamado, también, por parte de una persona identificada como empleada de Aerolíneas Argentinas, que dijo que el sindicato APA (Asociación del Personal Aeronáutico) “obligó de manera violenta a los empleados a adherirse”.
Otra denuncia recolecta: “La persona que llama, quien trabaja en el casino de Tigre, informa que su jefe, Adrián del Potro, y los representantes sindicales en el casino, no permitieron que el personal ingresara a trabajar y amenazaron con represalias si intentaban hacerlo. Sin mas datos que aportar se da por finalizada la llamada”. Hechos similares habrían ocurrido, de acuerdo a una denuncia, en la empresa electrónica Leanval, en Tierra del Fuego, en donde se habría impedido que trabajen por “aprietes” de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
También se recibieron llamadas provenientes de playeros de estaciones de servicio. En una Shell de la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a una denuncia a las 02.15 del 9 de mayo, aseguraron que un hombre se bajó de un auto Suzuki Fun gris (identificaron patente) y “obligó a los empleados a cerrar la estación”. “Se le paro frente al playero de manera violenta, haciendo ademanes y comentaron que siempre pasa lo mismo cada vez que hay paro”, agrega la denuncia.
Todas estas denuncias y más fueron ingresadas al Juzgado Nº4 de Comodoro Py, en una causa separada a las que corren en otros juzgados y en este mismo, pero relativa a agrupaciones sociales.
La acción había sido adelantada por Patricia Bullrich el día del paro, cuando en una entrevista dijo que de los llamados recibidos el día del paro, cerca 300 contenían datos concretos con nombre y apellido de los sindicalistas y agregó: “Nosotros esto, el día de mañana, judicializamos todos. Para eso pusimos el teléfono. No vamos a ponerlo a recibir datos y después traicionar la voluntad de la gente que denunció y nosotros no hacer una denuncia consecuente para proteger a la gente que lo hizo y para que llamen a declarar a los apretadores”.
