"La Comisión condena la escalada de tensión y violencia. Califica de controvertida la Asamblea Constituyente, que corre el riesgo de polarizar aún más el país y de aumentar el riesgo de confrontación", sostiene un comunicado oficial de la UE, que además pide "respeto a la separación de poderes, la liberación de los opositores políticos encarcelados y cooperación externa para atender las necesidades más urgentes de la población".

 

Por ahora, Europa no apoyaría la postura de España de impulsar sanciones económicas y hasta finalizar relaciones comerciales con Venezuela hasta que se normalice la situación.

 

"El respeto a la Asamblea Nacional como órgano legislativo legítimo y la independencia del fiscal general, que debe poder actuar sin restricciones ni intimidaciones o amenazas, son cruciales para preservar la confianza de los ciudadanos en el Estado y el sistema judicial", ha subrayado Mogherini

 

Europa ha ido subiendo el tono a medida que se deterioraba la situación en Venezuela. A mediados de mayo, los ministros de Exteriores de la Unión instaron por escrito a las autoridades a emprender un diálogo "urgente y eficaz”, exigieron la liberación de presos políticos y recordaron el derecho de los ciudadanos a participar en manifestaciones pacíficas. Ante la falta de progresos, los países comenzaron a mencionar la posibilidad de sanciones como herramienta de presión, aunque muchas voces —entre ellas las de los responsables de la diplomacia europea— alertaban de los efectos adversos que podía generar esa medida.

 

España había pedido que se contemplara imponer sanciones individuales y selectivas —para no cortar los canales de diálogo con el régimen de Maduro— en caso de que las elecciones a la Asamblea Constituyente siguieran adelante. Tras abordar el asunto en la última reunión de ministros de Exteriores, el pasado 17 de julio, la alta representante ha querido incrementar la presión a las puertas de esa convocatoria electoral.

 

La oposición de Grecia a censurar expresamente la convocatoria de elecciones a la Asamblea Constituyente ha rebajado la ambición del comunicado final, según explican fuentes diplomáticas. Atenas recelaba de cualquier alusión a órganos concretos porque quería evitar que Caracas lo percibiera como una injerencia exterior, explican fuentes griegas. Pero la alusión expresa al 30 de julio, fecha de la consulta, recoge el rechazo a esa iniciativa del Gobierno para constituir un órgano que reforme la Constitución y orillar a la oposición, que controla la Asamblea Nacional.