El fallo de la Sala A del Tribunal de Impugnación Penal no deja demasiado margen para interpretaciones livianas: esto no fue un hecho aislado ni una necesidad circunstancial. Fue, lisa y llanamente, una maniobra organizada de sustracción, traslado y reventa de hacienda.
Las condenas que marcan un límite
Las penas ratificadas —5 años y 9 meses para Ernesto Galarza y 4 años y 9 meses para Pablo Verot— no son menores. Tampoco son simbólicas. Y eso importa.
Porque durante demasiado tiempo el mensaje implícito fue otro: que robar ganado era un delito de baja intensidad, con escasas consecuencias reales. Este fallo corrige parcialmente esa señal. El Tribunal fue claro: no hay desproporción en la escala penal cuando lo que se investiga es una estructura organizada que ataca directamente la producción.
En una provincia como La Pampa, donde el campo no es un actor más sino el motor económico, este tipo de delitos no solo afectan a un productor. Impactan en toda la cadena.
La absolución de Sett: la duda razonable, pero también un síntoma
El otro eje del fallo —la absolución de Nara Sett— abre un debate incómodo. El Tribunal sostuvo que no se probó que supiera que la documentación era falsa. Correcto desde lo jurídico: sin dolo, no hay condena.
Pero el caso deja una pregunta flotando: ¿hasta qué punto la estructura delictiva se apoya en figuras periféricas que operan en la zona gris de la “desconexión conveniente”?
No hay prueba, no hay condena. Así funciona el Estado de Derecho. Ahora bien, eso no implica que el sistema no deba afinar los mecanismos de control sobre la trazabilidad del ganado y la documentación.
Porque si el delito se profesionaliza, la respuesta también debería hacerlo.
El trasfondo: un problema estructural
El dato más preocupante no es la condena. Es lo que revela:
- Campos vulnerables
- Controles que pueden ser burlados
- Circuitos de comercialización permeables
- Y, sobre todo, delincuentes que conocen el negocio desde adentro
Galarza no era un extraño. Era el encargado del campo. Esa traición —la interna— es la que más golpea al sistema productivo.
Conclusión sin maquillaje
El fallo es correcto y necesario. Pero no alcanza para cantar victoria.
Si el abigeato mutó de delito menor a esquema organizado, entonces la respuesta no puede seguir siendo reactiva y fragmentada. Se necesita inteligencia rural, controles más estrictos y una señal política clara: el campo no es zona liberada.
Porque cuando el delito entra por la tranquera —y encima le abren la puerta desde adentro—, el problema ya no es policial. Es estructural. Y mucho más serio de lo que algunos todavía quieren admitir.
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