Los 12 países que acusaron al régimen de Nicolás Maduro de ser una dictadura que “no cumple los requisitos ni las obligaciones” para estar en el organismo, volvieron a ratificar la decisión. Es por eso que el embajador de Paraguay habló ante el pleno del Consejo en nombre de los firmantes y, básicamente, reiteró el contenido de la declaración poniendo énfasis en el hecho de que un país que es acusado de graves violaciones contra su propio pueblo no cumple con los estándares necesarios para formar parte del ente.

 

En ese sentido, el diplomático dijo que la Asamblea Constituyente venezolana es "ilegítima" y criticó el "quiebre democrático" que representó su elección. Es más, denunciaron "las graves" violaciones a los derechos humanos cometidas en las protestas antigubernamentales, pero también el hecho de que el gobierno de Maduro no permita la entrada de ayuda humanitaria, como alimentos y medicamentos, a pesar de la escasez.

 

Por otra parte, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, los doce países que firmaron la declaración de Lima, apoyaron "cualquier esfuerzo de negociación creíble y de buena fe", aunque rechazaron claramente "el uso de la fuerza" y subrayaron que "debe respetarse el principio de la no intervención".

 

En tanto, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió una investigación internacional sobre el uso excesivo de la fuerza por las autoridades de Venezuela. "Mi investigación sugiere la posibilidad de que se hayan cometido crímenes contra la humanidad. Exhorto al Consejo a lanzar una investigación internacional sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela", afirmó Zeid Ra'ad Al Hussein, en la apertura en Ginebra de la 36ª sesión de este organismo.

 

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, presente en la sala, rechazó las críticas, y acusó durante su intervención al alto comisionado de tener un "comportamiento selectivo, parcializado y politizado" y pidió que cesara la "agresión" contra su país. Incluso, rechazó el informe "plagado de mentiras" y "ofensas" a su país, que "parece responder a directrices de Estados Unidos, principal violador de derechos humanos en el mundo".