Se trata de una demanda por unos 3.000 millones de dólares iniciada por el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos para litigar por las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, según consignó la agencia Noticias Argentinas La intención del Gobierno argentino era que el litigio fuera trasladado a los tribunales locales, con el objetivo de reducir la posibilidad de que haya una sentencia definitiva contraria para la Argentina.

 

A partir del fallo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York el juicio seguirá adelante en los Estados Unidos con resultado impredecible en el mismo tribunal que supo ocupar el ya fallecido Thomas Griesa.

 

En 1993, en el marco de la privatización de YPF, el gobierno de Carlos Menem ofreció casi el 100% del capital de la empresa a través de acciones clase D y listó los ADR -el título bajo el cual se negocian los papeles extranjeros en los Estados Unidos- en la Bolsa de Nueva York. En ese momento, tanto el país como la empresa se comprometieron a que cualquier otra adquisición posterior de una porción de control de la empresa obligaría a hacer una oferta por el total de las acciones. Esa salvedad figura no sólo en los documentos que YPF envió a la SEC (el regulador bursátil norteamericano), sino también en su viejo estatuto. Pero el kirchnerismo no lo consideró. El entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, lo expresó en una presentación ante el Senado. "Si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a u$s 19.000 millones", dijo.

 

La trama empezó en 2007, cuando el Grupo Petersen-Eskenazi compró el 15% de YPF, por entonces en manos de Repsol. Después de la nacionalización de 2012, las empresas españolas Petersen Energía y Peterson Inversora dejaron créditos sin pagar, no afrontaron deudas y cayeron en quiebra.

 

Un síndico remató esa quiebra, cediendo el derecho de hacerle juicio al Estado argentino. El comprador fue Burford, un fondo buitre especializado en ese tipo de maniobras. Pagó US$ 14 millones y ahora exige unos US$ 3 mil millones.

 

El fondo buitre plantea que la reestatización violó un estatuto de YPF, según el cual se omitió hacer una oferta a los accionistas minoritarios. Es decir, a las dos empresas del Grupo Petersen.